Los programas de inclusión laboral buscan integrar en el mercado de trabajo a personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social u otras circunstancias de vulnerabilidad. Para las empresas, apostar por la inclusión no solo tiene valor social: también conlleva importantes ventajas fiscales y operativas.
Obligación de reserva de puestos para personas con discapacidad
La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (LGDPD) obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a reservar el 2% de su plantilla a personas con discapacidad reconocida. El incumplimiento puede suponer sanciones y la exclusión de contratos públicos.
Ventajas fiscales por contratar personas con discapacidad
- Bonificaciones en cuotas de la Seguridad Social: Entre 3.500 y 8.400 euros anuales por trabajador, según grado de discapacidad y tipo de contrato.
- Deducción en el Impuesto de Sociedades: 9.000 euros por cada persona con discapacidad entre el 33% y el 65%; 12.000 euros si la discapacidad es igual o superior al 65%.
- Subvenciones para adaptación del puesto de trabajo.
Más allá de la obligación: el valor de la diversidad
Las empresas con culturas inclusivas demuestran mejores resultados en retención de talento, compromiso de los equipos y reputación corporativa. La diversidad funcional aporta perspectivas únicas y fomenta la innovación. En organizaciones donde la inclusión es genuina —no solo cumplimiento legal— el impacto positivo se extiende a toda la organización.
Medidas alternativas al cupo del 2%
Si una empresa no puede cubrir el cupo de forma directa, puede optar por medidas alternativas: contratar con Centros Especiales de Empleo (CEE), hacer donaciones a fundaciones de inserción laboral o contratar servicios externalizados con empresas de inserción.
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